Espadas de Damocles

Matko Koljatic

Pablo Correa escribió en este periódico, el 3 de marzo, una columna muy oportuna sobre las causas de la prosperidad y la pobreza, basándose en el trabajo de los economistas Acemoglu y Robinson, en su libro “Why Nations Fail”. La conclusión de estos investigadores es que a fin de cuentas lo que importa, para el desarrollo de las naciones, es la institucionalidad imperante. Cuando hay reglas institucionales claras, que se aplican, los países progresan. Cuando hay discrecionalidad o peor aún, la institucionalidad se quiebra, los países fallan. En esta oportunidad quisiera insistir en el punto que hizo Pablo Correa de la necesidad de asegurar la institucionalidad en el país, pero desde una perspectiva más “micro”.

En el último tiempo han ocurrido hechos que causan preocupación ya que ponen en duda nuestra institucionalidad. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió en los puertos. Un grupo de presión, en este caso algunos sindicatos, tuvo en jaque a importadores y exportadores -y porque no decirlo, al país- por casi tres semanas. Se eligió el momento preciso para causar más presión, cuando la temporada de frutas -un producto perecible- estaba en su punto peak. Con ello se rompió la cadena de logística de las exportaciones pero también la de las importaciones. He visto que se estiman en
US$ 200 millones los daños producidos por este movimiento ilegal. Lo significativo es que han pasado unas semanas y todos parecemos haber olvidado la gravedad de lo que ocurrió y no se escucha que se estén considerando medidas preventivas para evitar que una situación como esa se repita de nuevo. Es una espada de Damocles que pende sobre sectores fundamentales de nuestra economía.

Algo similar ocurre en la gran minería, donde las reivindicaciones a menudo se han encauzado por caminos en que se usa la fuerza para impedir acceder al trabajo. Entiendo que ello es particularmente grave en situaciones de conflictos laborales -muchas veces ilegales- en las empresas subcontratistas en que se paralizan faenas en la mina, a la fuerza, para presionar por mejores remuneraciones.

La situación anterior afecta a empresas privadas y estatales, pero la misma dinámica se aprecia también en organizaciones gubernamentales, como fue el caso del último paro en el Registro Civil que afectó a miles de chilenos en trámites fundamentales para la vida en sociedad. Un paro de un grupo de funcionarios públicos tuvo en jaque a toda la población.

¿Y qué decir de lo que sucede en la Araucanía? Si se requiere una comprobación fehaciente de la gravedad de las amenazas a la institucionalidad, los muertos y heridos y los ataques a la Fuerza Pública en el conflicto mapuche hablan por sí solos.

Por razones profesionales tengo la oportunidad de tomarle el pulso al mundo empresarial en forma regular. Pienso que estos brotes de uso de la fuerza para obtener lo que se quiere, por parte de grupos de presión, en que se tiene a los ciudadanos como rehenes, son la principal preocupación de los empresarios hoy en día. ¿Cómo se puede planificar inversiones si, por ejemplo, existe la posibilidad que nuevamente los puertos se paralicen en 2015? Me imagino que los agricultores, por ejemplo, que ya de por sí enfrentan incertidumbres enormes asociadas al clima (heladas, sequía) y la economía (el dólar) deben estar reconsiderando inversiones en frutales, meramente por la incertidumbre que plantea la situación en los puertos. Nadie quiere vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza.

Por cierto, en el desarrollo del país es deseable y positivo que aquellos sectores de la población que han sido postergados históricamente accedan a mejores condiciones. Pero ello debe ser hecho dentro de márgenes institucionales que hayan sido legislados como tales.

El gobierno de la presidenta Bachelet tiene una oportunidad única de hacernos avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad del país, en sus múltiples facetas, gracias al apoyo popular y político con que cuenta.

Ojalá se pueda avanzar en ello.